Existen alrededor de 60 presos políticos mapuche recluidos en diferentes cárceles dentro del actual estado de chile, a 36 de ellos se les está aplicando la Ley Antiterrorista y 7 con doble enjuiciamiento por un mismo hecho (justicia militar - ministerio público)
La huelga fue iniciada el 12 de julio del 2010, veintidós Presos Políticos Mapuche recluidos en las cárceles de Temuco, Concepción, Valdivia, de diferentes sectores y comunidades de las zonas en conflicto de Arauco y Cautín (Yeupeko, Muko, Lleu-Lleu y también peñi de la red de apoyo de Temuco), se encuentran en HUELGA DE HAMBRE LÍQUIDA.
Las exigencias de los peñi en huelga de hambre son:
- La No aplicación de la ley antiterrorista en causas mapuche.
- No al procesamiento de la Justicia Militar en causas mapuche.
- Fin a los Montajes político-judiciales y a los testigos sin rostro
- Desmilitarización en las zonas mapuche en que las comunidades reivindican derechos políticos y territoriales.
Se pudo conocer un informe que alerta además, que este invierno, el más riguroso de los últimos años, con temperaturas bajo cero grados, puede detonar complicaciones en su estado de salud.
Los huelguistas, no obstante, reiteraron su decisión de mantener la lucha en rechazo a la aplicación de la represiva Ley Antiterrorista, aprobada durante la dictadura de Augusto Pinochet, entre otras reivindicaciones.
Asimismo hoy se anunció que seis comuneros presos en otras cárceles del sur chileno se sumaron al movimiento en las últimas horas.
Aunque el tema es apenas reportado por los grandes medios chilenos, un informe de la Gendarmería -divulgado por la investigadora Lucía Sepúlveda- precisó la pérdida de peso corporal de cada uno de los presos.
Los presos denunciaron asimismo que las autoridades los han dispersado a lo largo del territorio nacional para lograr la "desarticulación de las comunidades y sus organizaciones".
Mientras tanto, Newentuain, una agrupación de familiares de presos políticos Mapuches con base cerca de Concepción, pidió la solidaridad de organizaciones populares con los reos, ya que "sus familias están en peligro de desintegración y sus niños ven vulnerados sus derechos en cada allanamiento y detención".
En una carta, los presos denunciaron "las injusticias, las equívocas políticas del gobierno actualmente presidido por la derecha y la persecución política contra nosotros". Agregaron que la persecución penal se debe a que ellos reclaman sus justos derechos humanos, políticos, territoriales y culturales.
Al respecto, el senador Alejandro Navarro visitó la víspera a los presos Héctor Llaitul Carrillanca, Ramón Llanquiqueo Pilqueman, José Huenuche Reimán y Luis Menares Chanilao, en la cárcel El Manzano (Concepción) y llamó al gobierno a "actuar antes que los efectos de la huelga sean mayores".
"Este no es un movimiento político, sino un movimiento reivindicatorio de tierras, en una causa que yo considero legítima y que cuestiona un procedimiento absolutamente antidemocrático e injusto en contra de los 106 Mapuches presos políticos, 36 de ellos por la Ley Antiterrorista", dijo.
Los cuatro huelguistas de hambre están procesados simultáneamente por la justicia civil y la militar, serán juzgados por la Ley Antiterrorista y enfrentan posibles condenas desde los 52 años (para José Huenuche) a 103 años de prisión (Héctor Llaitul).
Más condenas y juicios
Entretanto, una nueva sentencia de cárcel fue pronunciada esta semana en Angol contra un comunero mapuche. El dirigente de Rankilco, Lorenzo Alex Curipan Levipan fue condenado a 5 años y un día, acusado del incendio del fundo El Carmen de la forestal Monteaguila (de Mininco). Según su comunidad él no contó con un debido proceso y fue víctima de un montaje en el que habría intervenido Sergio Gonzáles Jarpa, el dueño del fundo donde fue asesinado el comunero Jaime Mendoza Collío hace casi un año.
Ellos solicitarán la nulidad del juicio, ya que la sentencia condenatoria –dividida- no tomó en cuenta las contradicciones de los testigos y la debilidad de las pruebas. Entre las irregularidades citadas por la comunidad está el hecho de que el peritaje elaborado por CONAF y aceptado como prueba es sesgado, ya que se basa en datos proporcionados por la propia empresa forestal Mininco, una de las partes más interesadas en conseguir esa condena. Ya antes del juicio la comunidad había señalado estar consciente de “La manipulación de los tribunales de justicia en los casos en que están involucrados integrantes del pueblo Mapuche; se hace evidente la falta de parcialidad con que hacen las apreciaciones jurídicas los encargados de establecer una sentencia absolutoria o condenatoria. Hay una permanente intención de establecer un método escarmiento a modo de castigo, para un pueblo que en el sur de America latina, tiene hambre de de libertad y se atreve a denunciar los abusos y los atropellos, de que son víctimas por parte de sus opresores colonialistas.”
A su vez, la justicia militar también siguió operando como acostumbra, dando en los hechos la razón a los planteamientos de los huelguistas de hambre. La Fiscalía Militar de Angol inició un proceso contra el menor mapuche Leonardo Quijón Pereira, absuelto en junio por la justicia civil de los cargos de la fiscalía, que lo culpaba de participar en el incendio de camiones en la zona de Angol. El nuevo proceso es por los mismos cargos desestimados por los jueces Claudia Sánchez Slater, y Juan Vío Vargas, que por mayoría lo absolvieron, considerando insuficientes las pruebas rendidas por el fiscal Chamorro e incoherentes los relatos de Carabineros respecto del supuesto enfrentamiento con el menor. Quijón había sido acusado de homicidio frustrado e incendio, entre otros cargos.
Si a los comuneros les faltaran argumentos nuevos para fundamentar sus peticiones, deben agradecerle al fiscal de Angol y a la fiscalía militar de esa misma ciudad por su contribución a la demostración de cómo opera en Chile la justicia hacia los mapuche, justo ahora que ellos exigen un juicio justo ya.
