sábado, 26 de diciembre de 2009
Mapuches piden aplicar la enseñanza bilingüe con seriedad
VIEDMA (AV).- La Coordinadora del Parlamento Mapuche pidió formalizar la educación intercultural bilingüe en Río Negro, apuntando a que obtenga la jerarquización que corresponde, ante la falta de decisiones para un reconocimiento oficial.
Las observaciones están planteadas a partir de la inexistencia de puntaje para los docentes por las características que debe contar un programa de esa naturaleza, como tampoco existen posibilidades de crear una dirección que atienda la problemática de esa especialización.
Estas inquietudes fueron tema de análisis durante el último Parlamento Mapuche, que sesionó en esta capital, donde se llegó a la conclusión de que el Ministerio de Educación hace oídos sordos a las propuestas que se presentaron desde las comunidades.
Así lo señaló el consejero Ignacio Prafil, quien insistió en la necesidad de que exista una oferta educativa como modalidad en lugar de un taller que se está dando en algunas localidades de la Línea Sur.
Prafil puso como ejemplo que en Pilquiniyeu del Limay se aceptó una especialización pero "aparecieron diferencias entre la directora de la escuela y la comunidad, y el trabajo de dos años se perdió".
La propuesta establece que dentro de la Comisión de Educación de la Legislatura se trate esta problemática, con la intervención de las comunidades y la Unter, para facilitar la revisión de textos destinados a los alumnos, capacitar a docentes, impulsar la inscripción de docentes, y que sea separada de la actual modalidad conocida como de Jornada Extendida.
La iniciativa de las comunidades aborígenes persigue la intención de que la modalidad se amplíe a escuelas de la periferia urbana de distintos puntos de la provincia, donde viven alumnos de ese origen.
Algunas actuales experiencias como especialización, y que no revisten el carácter de modalidad, se remiten a la Escuela Primaria Nº 150 del paraje rural Los Repollos, cercano a El Bolsón. La matrícula está compuesta por un 70 por ciento de alumnos que provienen de una comunidad aborigen.
A principios de 2007, en el paraje Chacay Huarruca, se realizó la apertura de la primer escuela de la con este tipo de experiencias educativas fundamentada en un espacio de aprendizaje orientado a reflexionar sobre las diferencias, aceptando la diversidad como una herramienta de construcción múltiple.
Asimismo, la Escuela primaria Nº 174 del paraje Blancura Centro funciona bajo esta metodología a partir de la incorporación de una maestra intercultural y un maestro artesano, ambos pertenecientes a la comunidad mapuche Lofche Raghiñ Currá Meu
http://www.rionegro.com.ar/diario/2009/12/26/1261788021120.php?nc=1&leidas=2
miércoles, 23 de diciembre de 2009
El Foro por la Vida y el Hábitat Digno apoya el desarrollo del programa Ley 26.160
Las organizaciones que participaron del II° Encuentro del Foro Provincial por la Vida y el Hábitat Digno, resolvieron apoyar el desarrollo del programa Ley 26.160 de relevamiento de comunidades indígenas que se lleva adelante en Río Negro, como así también, el reclamo territorial que realiza la comunidad Kospi en el Alto Valle de la provincia.
En este sentido, entre las conclusiones del debate que se desarrolló durante la semana pasada en el paraje El Arroyón (cercano a Cinco Saltos), se destacó “realizar el III° Encuentro del Foro provincial el sábado 6 de marzo en Fiske Menuco, apoyando a la comunidad Kospi. Pedir una reunión con el vicegobernador –Bautista Mendioroz- y comisiones de la legislatura, a efectuarse luego del IIIº encuentro”.
Asimismo, se resolvió “reclamar el respeto a la Ley nacional 26.160, la ley provincial 2.287 y al convenio 169 de la OIT, sobre respeto a los derechos los pueblos originarios y la suspensión de los desalojos”.
Por otro lado, se resaltó “el repudio al desalojo a la Comunidad Kospi de Fiske Menuco (General Roca), exigir el cumplimiento del fallo de apertura a los caminos al Lago Escondido reconociendo el trabajo de las organizaciones que lo promovieron y frenar los desalojos”.
En tanto, otros de los puntos principales es “sumar adhesiones impulsando el apoyo a la declaración de emergencia habitacional, con distintas organizaciones y comunidades, además de intentar sumar el apoyo de los municipios”.
Del encuentro participaron alrededor de treinta referentes de diversas organizaciones sociales de toda la provincia Río Negro y Neuquén.
lunes, 21 de diciembre de 2009
Responsabilizan a Larreguy por lo ocurrido con la comunidad Kospy
(La Palabra) Tras un desalojo sucedido ayer en tierras linderas al río Negro, en General Roca, quienes denominan ese sitio como territorio de la comunidad Mapuche Tehuelche Kospi (el Pueblo Nación Mapuche) denunció el accionar de la Jueza Adriana Mariano, y responsabilizó al ministro de Gobierno, Diego Larreguy, por “no defender los derechos indígenas avalados por normas provinciales, nacionales e internacionales”.
“Una vez más el Pueblo Mapuche reafirma sus derechos ancestrales, su lucha consecuente y denuncia los atropellos con que se actúa en desmedro de sus legítimos derechos como es la salvaguarda de la posesión de las tierras y territorios comunitarios”, expresaron.
Dijeron que “los hechos suscitados en la localidad de Stefanelli, en el territorio de la comunidad Mapuche Tehuelche Kospi, dan cuenta de la agresividad manifiesta de parte de autoridades judiciales, quienes hacen caso omiso a los derechos constitucionales e internacionales vigentes asumidos por el Estado en materia de protección a los pueblos indígenas, manteniendo su negativa de no reconocer y garantizar los derechos de carácter colectivo de los pueblos indígenas”.
Entendieron que “hoy la comunidad Kospi es un claro ejemplo de lo que venimos denunciando, ello es así, toda vez que la jueza Adriana Mariani ha violado el Art. 2 de la Ley de orden público Nº 26.160 y provincial Nº 4.275 y no ha garantizado las medidas de salvaguarda del artículo Nº 4 de Convenio 169 de OIT”.
Por ello, repudiaron firmemente este accionar y en consecuencia solicitaron a la Ministra de Desarrollo Social de la Nación, Alicia Kirchner, y al INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) su inmediata intervención.
En tanto, hicieron responsable al ministerio de Gobierno de la provincia, en la persona de Diego Larreguy, toda vez que “constándole que la comunidad ha sido relevada en el marco del programa Ley Nº 26.160, no ha realizado acción alguna para defender los derechos de la comunidad”.
“El Pueblo mapuche está de pié y rechazamos toda ingerencia de minorías que quieren vulnerar nuestros derechos”, afirmaron.
sábado, 19 de diciembre de 2009
Desalojaron a la comunidad Kospi de las tierras cercanas al río Negro
Según fuentes de ATE, que comunicaron temprano el procedimiento policial, la orden judicial fue cumplida por un centenar de efectivos del BORA que “rompieron el alambrado que colocó la comunidad Kospi e impidió que ingresen los compañeros y compañeras en solidaridad”.
”Nuevamente, la fuerza represiva del Estado en contra del pueblo, en este caso a favor de un proyecto inmobiliario voraz”, remarcaron la mismas fuentes gremiales.
En el lugar del conflicto, una empresa construye el barrio náutico "Las Caletas", pero los Kospi que ese sector invocaban es “propio, por posesión ancestral".
La semana pasada, la Justicia rechazó la medida cautelar por la cual el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas de Río Negro (Codeci) pretendía impedir el cumplimiento de un fallo desfavorable a la comunidad. La nueva sentencia de la jueza Civil de Roca Adriana Mariani implicaba que la familia Rojas Huenelaf, deberían aceptar la sentencia del 22 de diciembre de 2008, que conllevaba la orden de desalojo que se concretó este viernes, informó el diario Río Negro.
Desde la CTA Río Negro, se denunció que “más de 100 policías, entre ellos varios del grupo BORA, se encuentran desalojando las tierras de la comunidad mapuche tehuelche Kospi, en la costa del río Negro, a la altura de Stefenelli, en la ciudad de Fiske Menuco (Roca)”.
En el lugar “jóvenes de la comunidad intentan resistir este desalojo y se encuentran acompañados por dirigentes y militantes de ATE, de la CTA y de otras organizaciones”, refirió la entidad sindical .
Consideró que el conflicto “surge de la insistencia de la jueza civil Mariani en desconocer el relevamiento realizado por el CODECI y el encuadramiento de la situación en la Ley 2287, que protege los derechos de las comunidades indígenas. De esta forma se pretende consolidar la instalación del primer barrio privado náutico de la Patagonia Provincial denominado "Las Caletas", que precisamente pretende privatizar la costa del río Negro, impidiendo el libre acceso a la misma al conjunto de los ciudadanos”.
martes, 8 de diciembre de 2009
Documento político del 16º Parlamento de Comunidades Indígenas
Los representantes de comunidades indígenas en la provincia de Río Negro, reunidos en el décimo sexto parlamento mapuche en la ciudad de Viedma, manifestamos al sr. gobernador Miguel Saiz, sus ministros y funcionarios de todos los poderes del estado provincial, nuestra profunda preocupación sobre la realidad de hostigamiento, discriminación y exclusión que una vez más padecemos como pueblo, por ello:
Reafirmamos nuestros derechos territoriales, como pueblo nación preexistente en ambos lados de la cordillera consagrados por los estados en las constituciones, nacional y provincial, declaraciones y convenio internacional, leyes nacionales, provinciales y municipales.
Resistimos todo accionar de atropello a nuestros derechos adquiridos ancestralmente en el marco del estado de derecho vigente. En tal sentido, repudiamos toda pretensión de imposición de la clase dominante, aquellos que se quedaran con nuestros territorios ancestrales en el marco del negociado histórico que realizara el genocida julio a. roca.
Aquellos grandes terratenientes usureros, hoy la sociedad rural son quienes se victimizan por el ejercicio de nuestros derechos ancestrales que ejercen nuestros peñis y lamien en nuestra well mapu, aduciendo ser respetuosos de la ley y pregonando una vez mas, la desaparición de nuestro modo de vida en armonía de acuerdo a nuestra cosmovisión.
Se mantiene en nuestra memoria histórica las muertes, los atropellos, despojos, corrimiento de alambrados a la fuerza y cuando no por la noche con la complicidad de la fuerza policial, la desaparición de nuestro patrimonio cultural sufridos a lo largo de la historia.
Es necesario e imprescindible que el estado provincial produzca la reparación histórica en relación a la problemática territorial, única forma de poder mirar un futuro sin exclusiones.
Han pasado muchos años, y a diario seguimos exigiendo el fondo de desarrollo para las comunidades indígenas.
Reafirmamos nuestra convicción de vivir según los valores democráticos y ancestrales, así lo evidenciamos en mantener el funcionamiento del espacio de cogestión gobierno – comunidades indígenas (Co.De.C.I) a pesar de la falta de atención y postergación que padecemos en relación a nuestras propuestas de trabajo para nuestras comunidades.
Resulta una práctica antidemocrática que el ministerio de gobierno difunda desde su estructura información de una supuesta comunidad indígena que cuestiona a la institución CoDeCI como también que el ministro de gobierno se reúna con la jueza que tiene a cargo la causa en que se encuentra involucrada la comunidad Kospy, por ello denunciaremos estas circunstancia ante el órgano correspondiente como se ha hecho con el Juez Calcagno que viene negando la aplicación de la legislación destinada a nuestro pueblo.
Es reprochable también, que el ente de la región sur que debiera promover políticas de desarrollo para el conjunto de los productores, se involucre generando espacios de reunión a favor de la sociedad rural y en contra de nuestros pueblos.
Nuestro pueblo esta de pie y a partir de la hermandad y reciprocidad con los demás pueblos indígenas en argentina mantenemos el mandato histórico de nuestros kiufikeche (ancestros), nuestros territorios no se negocian, no se venden, ni se usurpan.
Señor gobernador, Miguel Saiz, exigimos una vez mas, respeto, reconocimiento y a no faltar a la palabra y a lo acordado (decreto 310/98), cumpla con las leyes vigentes que la honorable legislatura provincial viene dictando desde el año 1988, que hoy es un catalogo de ilusiones desde su gobierno. Por ello rechazamos la pretensión de ingerencia en el programa de la ley 26160 que se promueve desde la sociedad rural.
domingo, 6 de diciembre de 2009
Comunicado de prensa en repudio al desalojo del Lofche Paichil Antreao
Viedma, Río Negro. 5 de diciembre de 2009
Los representantes de las comunidades que conforman la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche en Río Negro, reunidos en el décimo sexto parlamento nos solidarizamos frente al brutal desalojo que han sufrido la Lofche Paichil Antreao y declaramos nuestra profunda preocupación e indignación ante la decidía con la que se maneja el gobierno de la provincia de Neuquén, desconociendo la Ley Nacional 26.160, prorrogada hasta el 23 de noviembre del 2013, que prohíbe los desalojos. Acciones como estas, perpetradas por el gobierno de la provincia de Neuquén, por su secretario de justicia Guillermo Pellini, un fiscal y para-policiales atentan contra el desarrollo pacifico y armónico del Pueblo Mapuche. Es necesario Recordar que la constitución nacional en el articulo 75 ins.17 reconoce los derechos de los pueblos Originarios preexistentes al estado. También no hay que olvidarse del marco jurídico internacional, sito convenio 169 de la O.I.T y la declaración de los derechos humanos de los pueblos Originarios de la ONU, que reconocen internacionalmente los derechos de los pueblos originarios.
Llamamos a la reflexión a los poderes municipales, provinciales y nacionales, a no prestar oídos a falsas acusaciones perpetradas por sectores reaccionarios de la sociedad que hoy dicen ser paladines de el derecho cuando ayer no tuvieron los mismos miramientos morales tanto como para fraguar títulos de propiedad y echar a hermanos de sus territorios ancestrales.
El pueblo mapuche exige que se le reconozca la posesión ancestral y se le permita a la Lofche Paichil Antreao el desarrollo con identidad en su territorio y que nunca más se utilice la fuerza y desalojos arbitrarios como método de accionar de la justicia.