Integrantes del Consejo de Comunidades Indígenas afirmaron que jueces penales no tienen en cuenta las normas internacionales en materia de derechos aborígenes.
VIEDMA (AV).- Representantes de comunidades mapuches denunciaron en el Superior Tribunal de Justicia al juez de Instrucción de Bariloche, Ricardo Calcagno, por entender que éste habría incurrido en una falta al disponer el desalojo de una familia ocupante de un campo de 1.800 hectáreas en el paraje Cañadón Chileno. El juez analizó los antecedentes y falló a favor del demandante, el camarista laboral de Roca Carlos Larroulet. Para los integrantes del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas el caso se suma a una veintena más de conflictos por usurpación que a su criterio representan una "gravedad" institucional que no contempla los derechos de los pueblos preexistentes.
En la presentación, los integrantes del Codeci Florentino Huircapán, Raúl Capitán, y las abogadas Ana Huentelaf y Graciela Carriqueo alegan que están afectados los derechos aborígenes, y que se perjudica a 126 comunidades indígenas y 15.000 familias de ese origen.
Recurrieron a la vía superior con el propósito de que se ratifique lo actuado en el máximo órgano judicial sobre causas civiles. Allí invocaron los derechos indígenas en el marco del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), reconocido mediante la Ley Nacional N° 26.160 y la Ley provincial N° 4.275 y en las apelaciones se favorecieron los intereses de los aborígenes.
Los denunciantes calificaron de "grave antecedente" la actitud de Calcagno por desconocer los textos a los cuales la Argentina y la provincia "se comprometieron mediante instrumentos legales" como los apuntados. Asimismo, observaron "un desequilibrio de poderes" porque "los jueces se niegan a aplicar normas" de otras instancias del mismo nivel.
Consideraron que la causa "repercute en forma negativa sobre toda la población indígena" que representa en un 20 por ciento de los habitantes de Río Negro, en virtud de que "se les está desadjudicando tierras a quienes vivieron allí durante toda su vida".
Otros conflictos alcanzan a miembros de la comunidad Cañumil, que esperan el juicio oral; a grupos del paraje Colan Conhue y de la costa del río Colorado, a la comunidad Tekel Mapu de El Bolsón, y el procesado José Collueque del paraje Cerro Bandera.
Los representantes aborígenes se mostraron preocupados por la escasa asignación de recursos para el Codeci. Huircapán, Capitán y las abogadas reclamaron una audiencia al ministro de Gobierno, Diego Larreguy, pero aún no obtuvieron respuestas.
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